La mayoría de los análisis en torno a los partidos políticos latinoamericanos, especialmente en el área andina, se consagra generalmente a temas como ideologías, programas, rol histórico y participación gubernamental. Todos estos son, sin duda alguna, aspectos imprescindibles para entender la historia de estas instituciones. Faltan, sin embargo, estudios empíricamente documentados sobre el origen social, étnico y regional de los militantes de estas organizaciones, las motivaciones para ingresar a los partidos y permanecer en ellos, el reclutamiento interno de sus élites y las verdaderas intenciones de las dirigencias partidarias, que son las que prevalecen a largo plazo.

Por consiguiente lo que sigue son sólo hipótesis en torno a la mentalidad nunca explicitada, pero tácitamente predominante en los aparatos partidarios (sobre todo en lo referido al mundo andino). Resulta inevitable que las hipótesis tomen el carácter de generalizaciones que, lamentablemente, dejan de lado matices, diferencias y alternativas que florecen naturalmente dentro de los partidos políticos.

La conclusión más importante es la siguiente. La región andina ha experimentado varias olas modernizadoras desde fines del siglo XIX, pero estas han influido fundamentalmente sobre los transportes, las comunicaciones, el consumo masivo, la tecnología, el ocio y variados rubros de la economía, pero relativamente poco sobre la mentalidad colectiva y los valores normativos de orientación. Una fuerte tendencia tradicionalista, autoritaria y antidemocrática es aun muy fuerte, aunque se halle en proceso de declinación ante los embates de los procesos de modernización y globalización. Para nuestro tema es fundamental señalar que esta mentalidad conservadora-convencional se ha refugiado de manera preferente en los partidos políticos, como también en el movimiento sindical, en las corrientes indigenistas e indianistas, en los gremios de los docentes de escuela y universidad, en las fuerzas de orden público y en el estamento de abogados, jueces y fiscales. En el ámbito andino todos los sectores aquí mencionados tienen una cosmovisión paternalista, colectivista e iliberal; su imaginario, por lo menos parcialmente, está sustentado por viejas y arraigadas tradiciones que incluyen el prebendalismo, la tolerancia ante la corrupción y la inclinación a enrevesadas prácticas burocráticas. Se trata de grupos que no han sido tocados sino tangencialmente por el soplo crítico-analítico de la modernidad occidental. Los políticos y los burócratas practican, por ejemplo, con fruición y perseverancia el viejo legado colonial español que manda servirse de la función pública para mejorar los intereses privados, pero no conocen la moderna vocación de funcionarios estatales consagrados al servicio de la comunidad. Esta situación está cambiando, por suerte, bajo la influencia de la modernización de la vida cotidiana y el mejor nivel educacional, sobre todo en Colombia y Perú.

Como hipótesis provisional se puede suponer que los políticos representan el grupo en el cual las tendencias aquí mencionadas se dan en forma condensada. Se ha desarrollado en las últimas décadas una nueva sensibilidad, que es la aversión al riesgo; de ahí se deriva paradójicamente la predisposición favorable a la democracia, al diálogo entre adversarios y el rechazo a la violencia política. Pero por otro lado persisten valores de orientación y comportamientos colectivos de vieja data que obstaculizan la praxis efectiva de la democracia moderna, como la poca importancia atribuida por casi toda la población al cumplimiento de las leyes vigentes (los cuerpos legales siguen siendo percibidos como mera formalidad), acompañada por la opinión generalizada de que la justicia es algo reservado para pocos privilegiados. Más preocupante aun es el hecho de que algunos derechos humanos aparezcan cuestionados en su ejercicio, sobre todo el derecho a la libre expresión, que una buena parte de la población no está dispuesta a conceder a los otros, a los disidentes; la tolerancia en cuanto normativa tiene una apreciación relativamente baja por el grueso de la población, sobre todo en Bolivia y Ecuador. En las zonas rurales y de urbanización reciente, una buena porción de la sociedad confunde autoridad con poder y este último con arbitrariedad, lo que tiene ciertamente una razón de ser histórica, pero lo grave es que esto no ha sido modificado sustancialmente por la modernización. Los ciudadanos del área andina, sobre todo, están cada vez más conscientes de sus derechos, pero no así de sus deberes, lo que conduce a trivializar fácilmente la vulneración de derechos de terceros. Estudios con evidencia empírica muestra la coexistencia de nuevas orientaciones democráticas junto con viejas normativas autoritarias: las mismas personas que apoyan la democracia insisten en practicar valores autoritarios, y viven así "entre dos mundos", como aseveró el sociólogo boliviano Jorge Lazarte. Las normativas autoritarias que practican una dilatada porción de la sociedad y sobre todos los políticos son las que entorpecen el surgimiento de una sociedad más abierta, tolerante y pluralista. El peligro es que la implantación de la democracia moderna quede básicamente en el papel.

Los partidos políticos no atraen a la mayoría de sus simpatizantes a causa de un programa específico para influir sobre el gobierno y las políticas públicas, sino a partir de consideraciones muy prosaicas, como la posibilidad de obtener un empleo o, por lo menos, alguna suerte de ingreso regular. Otro motivo, en orden descendente de relevancia, es el acceso a una carrera en la administración estatal o en empresas controladas por el partido en cuestión y, de ser factible, a aquellos puestos en la cúspide del Estado asociados al auténtico poder y al prestigio público. La práctica placentera y hasta libidinosa que brinda el ejercicio del poder político al disponer casi soberanamente sobre personas, nombramientos y recursos fomenta sin duda el ingreso a estas organizaciones. Y la causa tal vez menos importante es el propósito de transformar estructuras sociales signadas por la injusticia y el anacronismo. En suma: relativamente pocas personas se inscriben en un partido por móviles idealistas y por el anhelo de cambiar la sociedad.

En el ámbito andino los partidos políticos representan instituciones donde predominan prácticas y normativas muy arraigadas y difíciles de modificar, cuyo carácter es básicamente conservador-tradicional, como el caudillismo y el prebendalismo, la propensión a la maniobra oscura y a la intriga permanente y la tolerancia frente a la corrupción. Esto vale asimismo para los partidos de ideología revolucionaria. Estas rutinas y convenciones no están codificadas por escrito, pero muy probablemente reglamentan la vida interna y cotidiana de los partidos, establecen las diferencias reales entre dirigencia y masa, determinan los canales fácticos de comunicación entre los diversos grupos, atribuyen autoridad decisiva a ciertas personas y delimitan la verdadera significación de programas e ideales. Estos hábitos perviven pese a todos los intentos de modernización y democratización y constituyen precisamente los temas poco investigados por la sociología política. Las élites dirigentes, y justamente los militantes más exitosos, son probablemente aquellos que tienen como metas normativas la consecución de dinero, poder y honor, y para quienes los objetivos programáticos e ideológicos tienen un valor instrumental. El saber manipular símbolos es algo muy útil para consolidar y hasta mejorar la propia posición dentro del partido y eventualmente dentro del gobierno, pero el cumplimiento real de metas programáticas no ocasiona preocupación en el seno de estas agrupaciones.

Este panorama sombrío debe ser matizado por el análisis de la historia política contemporánea. A partir de aproximadamente 1980 se puede percibir en toda América Latina un renacimiento de valores democráticos, liberales y pluralistas, juntamente con una revigorización del Estado de derecho. Ello trajo consigo una política de pactos y concertación interpartidaria. Pese a todas sus limitaciones, esta política generó una época de estabilidad y previsibilidad. Sectores dilatados de las sociedades latinoamericanas percibieron la nueva democracia representativa y pluralista como un modelo aceptable y hasta promisorio de convivencia social. Pero todo esto fue, por lo menos parcialmente y ante los ojos de la opinión pública, la obra de pequeñas élites de ilustrados. La reforma de los sistemas electorales, la creación de nuevos órganos en el Poder Judicial y los proyectos de descentralización nacieron en la alta burocracia del Poder Ejecutivo y en grupos muy reducidos de las cúpulas partidarias y de la empresa privada. Es imprescindible anotar que las grandes reformas constitucionales, la creación de nuevas instituciones y los cambios decisivos en el terreno económico no concitaron debates parlamentarios que hubieran estado a la altura de las circunstancias. Los parlamentos exhibieron su carácter tradicional-convencional al no actuar como el gran foro intelectual de la nación respectiva.

En este contexto es imprescindible mencionar lo siguiente. Puede ser que este modelo esté debilitado internamente por causas múltiples. La más importante reside probablemente en la praxis cotidiana de funcionarios estatales, parlamentarios y miembros de los partidos, una praxis convencional, centrada en asuntos prosaicos: la pugna por espacios de poder y la obtención de recursos económicos. Parece que esto no ha cambiado básicamente hasta hoy. Los partidos políticos han practicado un pragmatismo lindante en el cinismo, lo que ha generado fenómenos de corrupción de gran escala, lo que es particularmente cierto en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, donde los partidos "tradicionales" y la cultura de los pactos ingresaron en una crisis de legitimidad, de la cual están lejos de recuperarse. En general la sociedad no confía en los partidos y no se siente representada adecuadamente por estos organismos que se consagran al bienestar individual de sus adherentes con una energía realmente ejemplar. La capacidad de los políticos de articular y canalizar las demandas de dilatados sectores poblacionales ha quedado muy limitada; la opinión pública los percibe mayoritariamente como poco eficientes en el plano técnico y corruptos en el campo ético.

Los partidos en cuanto instituciones no pueden ser mejores que sus miembros. De ahí la falacia de pensar que las instituciones son superiores a los seres humanos que trabajan en ellas. La población, sobre todo en los países mencionados, tiene entera razón en considerar a la mayoría de los partidos como la acumulación de factores negativos, entre los cuales se hallan el clientelismo, el patrimonialismo y el prebendalismo en sus formas más extendidas. Simultáneamente se ha expandido en los estratos medios la idea de que la política se va reduciendo a rituales electorales y a ejercicios procedimentales, lo que fomenta la emergencia de movimientos antisistémicos, como son los populistas.

Las corrientes que comenzaron como tendencias antipolíticas y que entretanto han desembocado en los movimientos populistas, han surgido principalmente porque los partidos tradicionales, sobre todo en los países mencionados, han abdicado de algunas de sus funciones y obligaciones más importantes, como la fiscalización de la administración pública, la articulación de intereses sociales, la preocupación por el bien común y la construcción de visiones para el futuro. Los medios de comunicación llenan a menudo este vacío. Pero aquí se vislumbra un grave peligro. El tenor general de los medios es marcadamente popular-distractivo y espectacular en su sentido burdo, sobre todo la televisión. Lo grave reside en que los medios emergen como concurrentes de los partidos, usurpando una función pública para la cual no han sido elegidos; escapan, por otra parte, a un control efectivo de la sociedad y expresan intereses particulares que son expresados de forma encubierta como si fueran intereses generales. En este campo hay, por supuesto, numerosas excepciones. No es superfluo mencionar que ante todo los periódicos ─ el medio más tradicional ─ han asumido la función de una opinión pública crítica, indispensable para recomponer el sistema de partidos, lo que se vislumbra actualmente en Venezuela y Ecuador.

No existe una receta simple, infalible y a la mano para mejorar y revigorizar el sistema de partidos y para modernizar las actitudes recurrentes de los políticos. Si la hubiese, ya habría sido aplicada en innumerables casos. Los seres humanos no son, por suerte, magnitudes cuantificables y medibles, y por ello el ámbito de lo social no está sometido a reglas siempre válidas como el mundo de la tecnología. Si bien en este campo no hay una estrategia técnica que, bien aplicada, garantice el éxito del emprendimiento, por ejemplo, la modernización de los partidos y el incremento de su legitimidad, siempre se pueden dar los primeros pasos en la dirección adecuada. Algo que no cuesta mucho y que no implica destrezas innovadoras, sería desplazar la influencia de los códigos paralelos de comportamiento y no pensar exclusivamente en intereses particulares de corto aliento. La dificultad mayor reside probablemente en el hecho de que las actitudes y prácticas de los políticos están fuertemente enraizadas en tradiciones culturales de larga data compartidas por una buena parte de la población, y por ello imposibles de ser modificadas en el corto plazo.