Desde hace varios días, se ha venido difundiendo la idea de una radicalización de los estudiantes tras el quiebre dela mesa de diálogo producido el miércoles 5 de octubre. Tal radicalización debe ser leída con cautela ya que en el fondo los estudiantes persisten en una posición que reivindica la gratuidad de la educación, el fin del lucro y la desmunicipalización de la educación secundaria y primaria. Se trata de una reivindicación histórica, para muchos sectores, y que en ningún caso apunta a un desmantelamiento total del sistema ni a subvertir el orden actual, pese a los gritos de alarma de algunos sectores de la derecha que se anticiparon en reaccionar de manera excesivamente violenta.

La actitud de los estudiantes, por más sobreideologización que exista en algunos discursos, no se compara a las enardecidas actuaciones del alcalde de Providencia, el ex coronel C. Labbé, que reaccionó decretando la ocupación policial de dos emblemáticos colegios de esa comuna; del desequilibrado comportamiento del diputado Estay, perteneciente a la UDI; de las siempre amenazantes declaraciones del Ministro del Interior R. Hinzpeter y de los recientes epítetos formulados por la Ministra del Trabajo E. Matthei en contra de los principales dirigentes estudiantiles. Se ha llegado a un cuadro de violencia verbal y física inusitada, promovido desde el gobierno y asumido por alcaldes y parlamentarios de la coalición formada por RN y la UDI. Algo que a estas alturas raya en lo grotesco y en lo bizarro. El gobiernosuele hacer vista gorda del rechazo y la reprobación que muchas de sus actuaciones y decisiones han provocado en la población. Desde el ejecutivo, las propias declaraciones del Presidente de la República contribuyen a profundizar la crisis y el desprestigio que tiene sumido al actual gobierno, y que salpica hacia el conjunto del sistema político. El gobierno despliega la violencia y hace un uso discriminatorio de la fuerza pública al mismo tiempo que es evaluado negativamente por los problemas de seguridad ciudadana.

Muchos de los estudiantes de hoy, pensando especialmente en los universitarios, y que forman parte de las dirigencias estudiantiles, fueron protagonistas del movimiento del 2006 siendo varios de ellos estudiantes y dirigentes secundarios. Estos mismos estudiantes serán los profesionales del mañana. Aquellos profesionales que deberán integrarse a mercados laborales cada vez más inciertos y competitivos; mercados que serán estrechos producto del aumento de egresados de las distintas universidades, y que a la vez arrastrarán deudas y compromisos económicos. Esos mismos estudiantes deberán enfrentar las siempre unilaterales decisiones de las ISAPREs y de las AFPs.

Se dice que las dirigencias estudiantiles actuales están sobrepasadas y presionadas por los grupos más “ultras”. Pero, ¿cuándo no? ¿Es una novedad que sectores “radicalizados” o “ultras” intenten desplazar a quienes controlan las dirigencias estudiantiles? ¿No ocurre esto año a año, en épocas de elecciones o de renovación de las dirigencias?. Sin embargo, nada de eso, que ocurre anualmente, concita tanto interés de la prensa y de los sectores de la derecha como sí lo despierta hoy. ¿Quién habló de radicalización del movimiento estudiantil cuando las principales federaciones, la de la Universidad de Chile y de Concepción, entre otras, sucumbieron entre los años 1993 y 1995, producto del cuestionamiento que se hacía a esa forma de representación? ¿Quién definió de “ultras” a los que cuestionaban a los dirigentes estudiantiles de entonces, la mayoría de ellos militantes de los partidos de la Concertación? ¿Por qué no hubo en ese momento la cobertura mediática o el interés por parte de la derecha en conocer lo que ocurría en muchas de las universidades del país? Sabido es que las federaciones estudiantiles fueron levantadas y reorganizadas por los mismos grupos que cuestionaron a las dirigencias y las representaciones existentes en esos años, sin que nadie dijera nada, incluso permitiendo que en muchas de ellas ganaran hasta grupos de derecha.

El gobierno habla de radicalización y de “ultrismo” cuando nuevamente se quiebra el diálogo. ¿Quién ha sido responsable de todo esto?. ¿Los estudiantes? No, pues como cualquier otro sector o grupo organizado tienen todo el derecho de plantear sus legítimas demandas, e incluso a no estar de acuerdo con las soluciones propuestas. Más aún se trata de demandas que cuentan con el respaldo de un amplio sector de la sociedad. El respaldo de siete a ocho millones de personas, según varias estimaciones, que forman parte de aquellas familias que viven la incertidumbre y asumen los costos de lo que significa invertir en educación. ¿Quién es el responsable entonces? El responsable es obviamente el gobierno, quien tenía el deber de responder a las demandas desde el principio y buscar las mejores soluciones frente a una situación de conflicto que se arrastra por más de cinco meses.

Desde el principio la estrategia del gobierno ha sido dilatar e intentar dividir al movimiento por la educación. Así han trascurrido más de cinco meses. En un momento se pensó que la Copa América dilataría todo. Luego se esperó a que llegaran las vacaciones, incluso mucho de los alcaldes de RN y la UDI adelantaron las vacaciones de los colegios de sus respectivas comunas. Nada de eso resultó. A medida que el movimiento fue cobrando fuerza y despertando mayores adhesiones en la población se hizo necesario, por parte del gobierno, reprimir las movilizaciones, desautorizar las marchas, y realizar un amplio despliegue policial por el gran Santiago y las principales ciudades del país. En una reciente entrevista, el senador de la UDI Hernán Larraín ha sostenido que el gobierno: “Muchas veces ha reaccionado ante las movilizaciones preocupado de mantener el orden público. Por poner demasiado énfasis a eso, se ha olvidado de los planteamientos centrales de los estudiantes. Además, el gobierno ha tenido actuaciones zigzagueantes. A veces parece abierto al diálogo y luego parece no interesarle” (La Tercera, 8/10/2011, p. 8).

Actitud zigzagueante entremezclada con el uso de la fuerza. ¿Se trata de una estrategia novedosa? Claro que no!. Es conocida al interior de la derecha. Es vino viejo en odres nuevos para muchos de sus dirigentes. Ya fue utilizada con éxito en los años ochenta. Siendo secretario general de gobierno, a mediados de esa década, Francisco Javier Cuadra utilizaba una estrategia muy parecida mientras sectores de la oposición de ese entonces intentaban dialogar con representantes y partidarios del régimen militar. Paralelamente se desarrollaban las protestas y, como es sabido, se respondía siempre con una dura represión. F. J. Cuadra fue muy hábil al lograr dilatar el diálogo y los acuerdos posibles, mientras continuaban las protestan y recrudecía la represión. El resultado fue que la oposición terminó dividida en dos sectores, uno de ellos partidario de mantener la movilización social, otro de negociar el inicio de la transición. Al final, fueron los militares quienes impusieron muchas de las condiciones, a pesar de las negociaciones. Producto de ello resultó ser la débil e incompleta democracia que se estrenó a inicios de 1990.

¿Bastaría actualmente con una buena disposición del gobierno? Claro que no. Son necesarias también una serie de reformas políticas que permitan procesar adecuadamente las demandas, independiente de los intereses en juego y de los intereses que defienda cualquier gobierno.Reformas que superen las limitaciones que aún persisten y que fueron impuestas a fines de los ochenta.
 

El autor es catedrático de la Universidad de Chile. Comentarios a su email