Frente a esta situación podemos ver algunas reacciones. Primero la de los irreductibles, representados por el bloque del ALBA y sus seguidores. Un profesor universitario aragonés, muy concernido por las reformas constitucionales de Venezuela y Ecuador, decía que "El presidente Lobo sólo tiene una legitimidad: ha ganado las elecciones primarias del bloque dominante de poder. Unas elecciones en las que el único espacio político concurrente ha sido el del bipartidismo que ha oligarquizado la vida política hondureña desde la independencia. El tradicional modelo político-social hondureño ha sido una troika compuesta por el bipartidismo esclerotizado (partido liberal y partido nacional-conservador), el recambio excepcional de las juntas militares y la hegemonía de las multinacionales a partir de su núcleo matriz bananero (United Fruit-United Brands). El episodio actual significa la continuación de dicho sistema cerrado de poder. La legitimidad democrática debería ser una calificación muy exigente y el actual gobierno apenas es capaz de mantener en pie una institucionalidad semántica que reproduce dicho sistema cerrado bisecular."

Los tópicos de siempre para explicar una situación bastante anómala en la historia política reciente de América Latina, especialmente en un país como Honduras cuyo "bloque dominante de poder" ha sufrido transformaciones dramáticas por el ascenso de inmigrantes exitosos, especialmente de origen sirio libanés, que desplazaron a los personeros de esa tan cerrada "oligarquía tradicional".

El otro testimonio se sitúa bastante lejos del anterior, pero tiende igualmente a cuestionar la legitimidad del proceso electoral hondureño. El ministro de Exteriores chileno Mariano Fernández justificó la ausencia de autoridades chilenas en la toma de posesión de Lobo con el argumento de que no hay una democracia plena, "regularizada", en Honduras: "El presidente Lobo acordó y firmó un acuerdo para dar pasos en el sentido de regularizar la democracia de Honduras e institucionalizarla. En la medida de esos pasos nosotros vamos a ir tomando decisiones". Según Fernández los pasos a dar para cumplir con los acuerdos de Tegucigalpa/San José suponen la creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional y de una Comisión de la Verdad. Llama la atención que el ministro del último gobierno de la Concertación maneje estos argumentos.

De ser consecuentes con los mismos la elección de Patricio Aylwin también pudo haber sido cuestionada. Su elección, como el referéndum previo que inició el proceso, fueron convocados por la dictadura sangrienta de Pinochet, aunque dieron lugar a una democracia que debía ser regularizada y que sin embargo contó con el apoyo pleno de la comunidad internacional. Otra cuestión adicional: ¿los pasos mencionados se tomarán de manera concertada con el nuevo gobierno electo de Chile o serán una decisión unilateral del gobierno saliente?

Sin embargo, en contra de los tópicos manejados a diestra y siniestra hay algunos datos de la realidad hondureña que deberían ser tomados en cuenta como colofón a este atípico golpe de estado. Pese a lo que opinan algunos medios españoles, no ha sido tan perfecto, aunque sí ha sido bastante original, ya que todo su desarrollo tiene poco que ver con la tradición golpista latinoamericana, especialmente de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, surgidas al amparo de la doctrina de la seguridad nacional. Si alguna comparación se puede establecer es con las revoluciones políticas de la segunda mitad del siglo XIX que, al menos retóricamente, pugnaban por restablecer la virtud republicana y para dotarse de legitimidad convocaban elecciones cuanto antes.

En Honduras, cuando Manuel Zelaya partió hacia República Dominicana, custodiado por Leonel Fernández y Porfirio Lobo, apenas 4.000 personas salieron a la calle para despedirlo, pese a que prometió, como Mac Arthur, que volvería. También Eva Perón dijo en su día "volveré y seré millones", pero a la vista de lo observado en esta ocasión puede que en el momento del retorno sean unas decenas de miles. Con esos mimbres resulta bastante difícil hablar de una sociedad polarizada. Otra cosa es que no haya graves problemas económicos, que los hay, o que no sea necesario restañar algunas graves heridas provocadas en el tejido social tras el desplazamiento de Zelaya del poder.

El otro dato importante es la composición del gabinete de Lobo, que ha incluido a todos los candidatos a presidente en las últimas elecciones, incluyendo a los de la izquierda. Esto evidentemente implica hablar de un gobierno de unidad nacional, uno de los puntos clave de los acuerdos impulsados por Oscar Arias, que terminarían de recibir un gran espaldarazo si se forma la Comisión de la Verdad y se le da plenos poderes para que comience a actuar. Por eso, frente a actitudes como la chilena habría que resaltar el papel ejemplar jugado por el presidente Leonel Fernández, que con su autoridad y buen criterio ha puesto las bases para que Honduras sí transite más rápido a la democracia y para allanar el camino de la reconciliación.

Probablemente los pasos para el desbloqueo de la situación creada serán rápidos. Honduras, con Lobo a la cabeza, necesita desesperadamente reintegrarse en la comunidad internacional, y a la OEA en primer lugar, de forma de que los fondos de la cooperación retornen al país. Pero a la comunidad internacional, comenzando por la Unión Europea, tampoco le interesa prolongar por cuestiones principistas una situación como ésta. Lo que no termina de entenderse es que al igual que ocurrió con las transiciones a la democracia en América Latina en la década de 1980, la solidaridad internacional en esta ocasión también sería un acicate decisivo para reforzar a los sectores democráticos y consolidar el proceso abierto con la convocatoria electoral.