Iberoamérica está produciendo cambios políticos de dimensión desconocida. Fuerzas no tradicionales sustituyen a los partidos conocidos en la alternancia en el poder.
Los analistas ven contradictorias las tendencias considerando la bonanza relativa de la economía. Sin embargo, nada hay más lógico en las reacciones de los ciudadanos que expresan el hartazgo ante las políticas neoliberales practicadas en los años posteriores a la recuperación de los sistemas democráticos.
A pesar que se considera la situación actual como una oleada de cambios hacia la izquierda, no creo que la calificación del fenómeno pueda simplificarse. Los impulsos progresistas de gobiernos como el brasileño, el chileno o el uruguayo, por citar algunos ejemplos, no son homologables con otros del continente, más confusos en la práctica, independientemente de los discursos que se oyen.
Sí es cierto que los grados de incertidumbre ante los resultados electorales han aumentado, constituyendo una de las fracturas a las que me refiero. A la incertidumbre sobre quién resultará vencedor en los comicios, propia de todo sistema democrático, se añaden en muchos casos incertidumbres sobre el rumbo de la economía o sobre la orientación global del país.
El fenómeno no es extraño si se tiene en cuenta esa situación de hartazgo social acumulado en las dos décadas precedentes. Pero sí es delicado, porque el contenido de las reformas necesarias no es previsible para la mayor parte de los países de la región, lo que genera problemas de falta de confianza, cuando se necesita de todo el ahorro público y privado capaz de producir inversiones para el desarrollo.
En el fondo, América latina dispone de todos los ingredientes para su tránsito de región emergente a central. Nada de lo observado en los países exitosos de las últimas décadas falta en la región. Aun más, dispone de recursos naturales y capacidad humana en mayor abundancia que otros que han despegado con fuerza en la nueva era de la revolución tecnológica.
La oportunidad es clara, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio de la mayor parte de las materias primas, impulsadas por la creciente demanda mundial, va a continuar alto. Si, como es deseable, los países de la región transforman ese potencial de recursos en capital acumulado para las reformas que se necesitan, se irán incorporando a la centralidad. Se necesita una masa crítica de pensamiento y acción que señale el camino de este proceso. Existe liderazgo político, intelectual y económico para producirla.
Pero, junto a las fracturas de carácter social, se pueden observar otras, cuya significación es compleja. El discurso político dominante tiende a ser integracionista, pero la práctica revela distorsiones nuevas.
Parece que la costa del Pacífico —por citar una tendencia—, desde Chile a México, pasando por Colombia y otros, se están inclinando hacia modelos de economía más abierta, incluidos los tratados de libre comercio con EE.UU., en tanto que en la costa del Atlántico, desde Venezuela hasta Argentina, predomina un discurso de rechazo a los tratados de aquella naturaleza, con modelos económicos de mayor intervención.
En la cordillera andina, el viejo proyecto de integración subregional está sometido a tensiones, como la salida venezolana hacia el Mercosur, o el acuerdo de Colombia con EE.UU., además de los problemas específicos de integración de las comunidades indígenas en el quehacer nacional.
Estas tendencias no contradicen una posible evolución hacia formas de integración regional, pero marcan diferencias que se interpretan como modelos relativamente antagónicos. Los que creemos en fórmulas supranacionales de integración regional como ingrediente necesario para enfrentar con éxito los desafíos de la globalización lo vemos como una amenaza de retraso histórico en el entendimiento de los países de América latina.
Copyright Clarín y Felipe González, 2006.
