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Lecturas Nro. 26 del año 2001 (Al 30 de Julio) BRASIL: Cerco a las favelas de RíoEn Río de Janeiro hay más de 400 favelas. En Brasil, el
gobierno de Río de Janeiro comenzó este
miércoles la instalación de una cerca de acero
de 24 kilómetros que rodeará los barrios de
invasión o favelas. Según datos oficiales, en esta ciudad brasileña hay más de 400 barrios de invasión habitados por cerca de un millón de personas. Angela Marbal, coordinadora de proyectos de pequeñas favelas de la municipalidad de Río de Janeiro, expresó a la BBC su pesimismo en relación con la efectividad de la medida. "Lo que falta es control, y si se colocan vallas las personas las van a pasar por encima", comentó. El problema, según Marbal, es que en las favelas no se instrumenta la legislación urbanística existente. "Al mismo tiempo que se llega con todos los servicios públicos de la ciudad, no se aplican algunas normas. Por ejemplo, no está permitido tener una calle de un metro de ancho, pero allí hay muchas que son así", indicó. Y explicó que si se cumpliera con la ley, "habría que quitar numerosas viviendas". BRASIL: La
Violencia de la Desigualdad Al principio de este año, el país y el mundo acompañaron horrorizados los hechos que ocurrieron en el mayor establecimiento carcelario de América Latina, el complejo del Carandirú en Sao Paulo. Miles de presos se amotinaron y tomaron como rehenes a mas de 1000 personas, en su mayoría, mujeres y niños, miembros de sus propias familias que se encontraban allí por el día de visita. En aquel momento, los brasileños tomaban contacto una vez mas con un aspecto repulsivo de su realidad, las cárceles super pobladas, deshumanas y deshumanizantes, habitadas por individuos en su aplastante mayoría pobres, poco instruidos, negros o pardos[2]. La situación carcelaria es apenas una de las violentas caras de nuestra profunda y persistente desigualdad socio económica. El principal responsable por la situación de pobreza de mas de 1/3 de los brasileños, es la desigualdad social que en Brasil es un fenómeno tan arraigado que gana foros de "trazos culturales". El desarrollo económico no revirtió nuestra histórica concentración de riquezas, al contrario; de ella se benefició; produciendo una de las racionalizaciones más irónicas y tristemente famosas de las injusticias sociales: la que es preciso primero concentrar (crecer) para después distribuir, que es la versión nativa de la tesis del "tickle down". El crecimiento nunca se tradujo en justicia social. Como nos vemos La criminalidad y las crecientes desigualdades son perversos subproductos del reciente movimiento de integración global, alcanzando indiscriminadamente a todos los países. No obstante, sí es verdad que, en Brasil, el recrudecimiento de estos fenómenos puede ser asociado a la forma de integración reciente del país en la economía global[3], no es menos cierto que poco se ha hecho para neutralizar las razones estructurales de las injustas e históricas desigualdades socio económicas. El ajuste económico se ha hecho para una mayor integración comercial y financiera del país con el resto del mundo, delineando al inicio de los años 90 y se fue profundizando por la implementación del Plan Real, a partir de 1995. El plan, cuyo objetivo central era el contener el proceso inflacionario de hace tiempo instalado en el país, se centraba en la valorización del cambio, permitiendo que las importaciones actuasen como freno a la subida de los precios. De hecho, el proceso inflacionario fue contenido, la estabilidad de la moneda garantizada y, consecuentemente, la renta real de los más pobres se recuperó, hasta creció de modo de sacar de la pobreza a cerca de 9 millones de brasileños. No obstante, por un lado, el efecto sobre la pobreza, aún significativo, no es, por razones intrínsecas, replicable; entre 1995 y 1996, el contingente de pobres cae de 41.7% al 33,9%, pero permanece en ese peldaño, abarcando por un porcentaje cercano al 34,1% de la población en 1994[4]. Por otro lado, el plan impuso pesados sacrificios sociales a la población: 1,3 millones de puestos de trabajo perdidos en la segunda mitad de los años 90, la precariedad y la informalización del mercado laboral. En resumen, están asociados, en el caso de la política de estabilización, dos efectos sociales contradictorios, que revelan la insuficiencia de la política económica como política social. Desde el final de 1999, la economía brasileña comienza a dar señales de reactivación después de dos décadas de crecimiento mediocre. Además, el país parece conquistar cada vez mas la difícil "confianza de los inversores", pues su vulnerabilidad externa declina en el 2000 en virtud del cambio operado en el régimen cambiario. La economía parece, por ahora, estable. Entretanto, la cuestión social es urgente pues, a pesar de que somos un país relativamente rico, con una renta per capita que puede ser envidiada por el 77% de la población mundial, esta renta está repartida en forma extremadamente desigual, lo que explica la existencia de tanta pobreza. Nuestros indicadores de desigualdad siguen obstinadamente elevados: Gini de 0,60 inamovible, entre 1977 y 1999. Parece cierto que, si se mantiene intacto el actual pacto social brasileño, serán necesarias muchas décadas de crecimiento económico significativo e ininterrumpido para que todos los brasileños tengan derecho a, por lo menos 1 salario mínimo "per capita"[5](U$ 75,50 aproximadamente) Tomándose dos fuentes de renta, como el acceso a la tierra y a la educación los datos son alarmantes: La concentración histórica de la propiedad rural en Brasil - el Gini rural era en 1992 igual a 0,8333![6] - somete a los trabajadores rurales a relaciones laborales y de renta insuficiente. No es extraño que sea significativo el trabajo infantil en el campo, ni tampoco es de extrañarse la gran pobreza rural, alcanzando cerca del 58% de la población[7]. En cuanto a la educación, al contrario de la renta per capita que nos habilita a disputar un lugar entre el 23% de los habitantes más ricos del planeta, la escolaridad promedio en Brasil era, en 1998, todavía muy baja, cerca de 5,9 años (de estudios) cursados. Además, no blancos (pardos y negros), nordestinos y pobres tienen escolaridad promedio significativamente mas baja que los demás. En 1998, un joven nordestino o no blanco tenia, promedialmente, 70% de los años de estudio secundario de un joven del Sudeste o de color blanco. Mas grave aún es el abismo que separa la esperanza de escolaridad entre los jóvenes pobres y los mas favorecidos, teniendo los segundos cerca de 3 veces el nivel medio de instrucción de los primeros. Si es verdad que el país experimentó una lenta pero firme expansión educativa y la reducción de sus desigualdades educacionales, entre grupos de color, religiones y extractos de renta. A lo largo de las dos últimas décadas, ambos hechos no consiguen ocultar la mediocridad de los peldaños alcanzados[8]. En el caso de las mujeres, la desigualdad las favorece en términos de desempeño educacional, y las penaliza en el mercado de trabajo: el ingreso promedio de las mujeres era, en 1998, 79% del ingreso promedio de los hombres[9]. Desigualdades Raciales En el cuadro de las desigualdades socio económicas persiste un trazo de la estructura social brasileña que se ha destacado a partir de estadísticas mas sistemáticas; las desigualdades raciales. Importantes desigualdades educacionales separan blancos de no blancos: estos mantienen en promedio, en dos décadas, un desfazaje de 2 años de estudio con relación a los blancos. Mientras que en el primer año de enseñanza primaria la diferencia de tasas de participación entre blancos y no blancos (pardos y negros) es pequeña, cerca del 2% (1995), esta aumenta progresivamente en el correr de los años de primaria[10]. En la enseñanza superior, el desfazaje entre blancos y no blancos es especialmente elevada: a pesar de que representan cerca del 45% de la población, los no blancos (negros y pardos) responden por apenas el 15,7% del total de graduados de 18 cursos superiores avalados en el 2000. Las diferencias se agudizan en las carreras de mas prestigio social (como Derecho o Medicina), con la presencia casi exclusiva de blancos y amarillos[11]. Esta performance se refleja en el mercado laboral: en 1998, el ingreso promedio mensual de los hombres negros y pardos era del 46% del ingreso promedio de los blancos, el de las mujeres negras es todavía mas bajo, el 40% de la renta de los hombres blancos. Al contrario de las mujeres que experimentan una reducción sistemática del gap entre sus ingresos y el de los hombres blancos entre 1987 y 1998, los hombres no blancos experimentan una grieta constante de ingresos con relación a los blancos[12]. Ciertamente, mucho del desempeño inferior de los no blancos se debe a la pobreza, pues la mayoría de los pobres brasileños son negros o pardos, revelando que la desigualdad económica es una parte significativa en las desigualdades raciales. Pero, ante la performance educativa relativamente peor de esta sub . población en el interior de todos los grupos de renta, se torna crucial la adopción de una perspectiva de raza en las definiciones de los parámetros de una política social distributiva. Además, la discriminación racial se torna más visible conforme se asciende en la escala de ingresos, revelando la presencia de un inaceptable bloqueo a la mobilidad social de los negros y pardos brasileños: los hombres no blancos mas ricos tienen el diferencial de ingresos en relación a los blancos fuertemente influenciado por discriminación en el mercado de trabajo. Una parte del movimiento negro se basa en la reunión y la organización de recursos para neutralizar la desigualdad del acceso a la educación y en apurar la mobilidad social de los "negros y los necesitados" con los Movimientos de Pre - Vestibulares [13] para Negros y Necesitados. El debate sobre políticas de acción afirmativa está apenas empezando, pero ya son visibles las innumerables iniciativas de OSCs, iglesias, gobiernos (en varios niveles), etc. Poco énfasis se ha dado específicamente a la política de cuotas para los no blancos. Pobreza y color se encuentran muy arraigados. Aunque el color sea, en el Brasil, un marcador por parte del que discrimina, nuestro alto grado de mestizaje enseguida transforma el pobre en negro y el rico en blanco, mientras que la mayoría de los no blancos declaran ser "pardos" (mestizos). Una investigación reciente de la Universidad de Sao Paulo revela que el brasileño tiene prejuicio de tener prejuicios: 99% de los entrevistados dijeron no tener prejuicio de color, pero el 98% declararon conocer a alguien que tenia. El énfasis de las acciones y las posturas de los movimientos sociales han, coherentemente, recaído sobre el desbloqueo de la mobilidad social para estos grupos, o sea, en la dirección de un nuevo arreglo institucional donde el acceso a las oportunidades de realización sean independientes al color. Pobreza o Desigualdad Pese a la miríada de programas sociales existentes en Brasil, la sensibilidad oficial a las desigualdades es todavía pequeña en el sentido de elegirlas como prioridad absoluta e inegociable. El impacto de las políticas sociales ha estado más allá de las expectativas, a razón del papel secundario que desempeñaron entre otras las prioridades oficiales, fuertemente marcadas todavía por las restricciones macro económicas. Reiteradamente, el propio presidente ha afirmado no ser su gobierno el culpable por 500 años de injusticias sociales, además de reconocer la dificultad de ecuacionar una redistribución de riquezas en el país. Esta postura se ha reflejado en un desvío de la atención del gobierno hacia la pobreza. Así, parlamentarios de la coalición que sostiene al gobierno llegaron a un acuerdo con las oposiciones y obtuvieron la aprobación para la creación de un Fondo de Combate a la Pobreza. Están previstos U$ 5,5 mil millones en inversiones sociales. El impacto de estas inversiones puede llegar a ser significativo, sobretodo en los cerca de 3000 municipios de los 14 estados de IDH mas bajo, especialmente en la reducción del trabajo infantil, en la universalización de la enseñanza básica y en el alivio de las situaciones de pobreza extrema. No obstante, la modificación del cuadro de los indicadores sociales brasileños requiere políticas públicas de mayor impacto y coherencia, informadas no exclusivamente por el imperativo de la emergencia, sino también y principalmente por un real entendimiento de los factores determinantes en el juego. El actual gobierno ha hecho que parte del ajuste fiscal acordado con el FMI sea pago por recortes en el área social. Por otro lado, restringido por las restricciones políticas ligadas a su base de sostén, se encuentra poco a gusto para discutir otra vez nuestro pacto social y para implementar políticas redistributivas en profundidad: la reforma agraria todavía camina lentamente frente al contingente de cerca de 5 millones de familias de trabajadores rurales sin - tierra, la expansión educacional ha dependido de una evolución lenta e inerte de la estructura social brasileña[14]y la reforma tributaria está marcada por el principio de responsabilidad fiscal del recetario del FMI, insensible a nuestra extremadamente regresiva estructura tributaria. En síntesis, el economicismo que contaminó la agenda social del país, dando énfasis al principio de la eficiencia y minimizando el imperativo de la equidad en la gestión del gasto social, es, en realidad, parte integrante de una reflexionada agenda política, basada en dos creencias dogmáticas: 1) sólo hay una manera de integración del país al mundo globalizado, lo que reduce significativamente nuestra autonomía decisiva; 2) el pacto social implícito, que, entre otras cosas decide como se dará la distribución de los costos del ajuste económico, no puede ser esencialmente modificado. La violencia de la desigualdad es tan grande que su visión ofusca. Instituto Brasileño de Análisis Sociales y
Económicas (IBASE) ----------------------------- Juan Paredes Castro, editor
político del diario 'El Comercio', de Lima,
analiza para SEMANA las perspectivas del nuevo
gobierno peruano. La incertidumbre no se acabó en el Perú con la caída de Fujimori, ni con los cuidados intensivos del gobierno de transición de Valentín Paniagua, ni con la elección de Alejandro Toledo como presidente para los próximos cinco años. La incertidumbre está instalada en el complejo tejido social, político, económico y cultural del país sin posibilidad de que ningún poder del Estado, por sí solo, pueda revertirla a corto plazo. Este es el principal desafío que enfrenta Alejandro Toledo, que fue elegido apenas por un poco más de la mitad del país, que vio súbitamente cambiado su papel de luchador político en las calles por el de las exigencias propias de un hombre de Estado, que a la hora de armar su equipo de gobierno ha tenido que ceder a las presiones internas de su partido antes que a las demandas de sus supuestos objetivos de gestión. La incertidumbre tiene que ver, en principio, con la enorme dificultad de reinstitucionalizar el país sobre una sociedad no precisamente democrática. Es perfectamente entendible el propósito de despresidencializar el poder político, que en otras palabras significaría descentralizar recursos, competencias y funciones reales a favor de departamentos, provincias y distritos, demasiado sujetos a la administración de Lima. Sin embargo esto supone una reforma del Estado carente por ahora de un diseño de concepción y de ejecución, pero sobre todo una capacidad de decisión que lamentablemente no se percibe en los objetivos del nuevo gobierno. Las demandas sociales han aumentado 10 veces más que los índices de crecimiento económico en un panorama de recesión de veras preocupante, con el agravante de que esas demandas fueron alimentadas con las promesas electorales populistas y demagógicas de los dos candidatos que disputaron la presidencia en segunda vuelta: Alan García y el propio Toledo, ahora obligado a remontar en penitencia más de un calvario sindical con protestas en las calles. La designación de Roberto Dañino como presidente del Consejo de Ministros y de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía, ambos vinculados a los círculos de inversión estadounidenses y con antecedentes de gestión neoliberal en el último gobierno de Belaúnde, constituye la mayor apuesta de Toledo para el saneamiento y la administración de la hacienda pública. Aquí pretende disparar, con afinada puntería, a tres blancos nítidos: el déficit fiscal, la pobreza crítica y el desaliento inversionista, que viene desde 1976, año en que el ex presidente Fujimori prefirió buscar su controvertida reelección. -nadando contra la corriente- que encauzar su segundo gobierno por la senda de las reformas de segunda generación que estaban pendientes. Sin mayoría en el Congreso el partido de Toledo, Perú Posible, ha tenido la suerte de forjar una mesa directiva de concertación con las agrupaciones opositoras, de modo que el gobierno no sólo tendrá una cómoda luna de miel legislativa de varios meses sino un espacio político no necesariamente de confrontación. Este nivel de concertación, si bien contribuye a crear una atmósfera de estabilidad, inclina los mecanismos de control y de fiscalización del Congreso más en dirección del pasado fujimorista que del presente y futuro toledista. De otro lado, la preocupación central del presidente entrante por establecer las más urgentes y deseables garantías jurídicas pasa por un poder del Estado (el Judicial) en el que legal y constitucionalmente el Ejecutivo no tiene parte ni corte. Claro que en la práctica esa ha sido casi siempre una letra muerta, aun cuando la injerencia política en la justicia nunca había llegado a los niveles de abuso del poder y de corrupción como durante el régimen de Fujimori, en el que un numeroso grupo de jueces y fiscales funcionó como correa de transmisión de la red de corrupción del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. El reto para Toledo es que, contra lo hecho en el pasado, su gobierno está obligado a ser y parecer respetuoso de la independencia y autonomía del Poder Judicial, por el que sí puede hacer dos cosas: generar iniciativas en el Congreso para aumentar sus prerrogativas hoy disminuidas y dotarlo de los recursos y mandatos presupuestales, de los que dramáticamente carece, justamente para asegurar su independencia y autonomía. La lucha contra la corrupción no será fácil. No se trata sólo de pretender enfrentar la herencia de Fujimori y Montesinos, con todas las tareas de investigación y penalización que quedan, sino la estructura y organización del Estado, inclusive la propia cultura del país, proclives a la corrupción, además de una legislación que torna engorroso e insuficiente el control que puede ejercerse desde dentro y desde el Congreso. Demasiadas inmunidades alrededor de ministros y parlamentarios hace prácticamente imposible la fiscalización eficaz de sus actuaciones en la función pública. Así las cosas, el presidente
Toledo llegó al 28 de julio no únicamente con
un panorama de incertidumbre -del que es muy
consciente- sino con una disposición de recursos
y condiciones que también tienen la marca de la
incertidumbre. Por eso mismo quiere apelar desde
el primer momento por un trabajo de Estado
concertado, capaz de responder al enorme tamaño
de las demandas sociales y económicas, que ya no
van a calmarse con discursos sino con acciones
realistas y confiables.
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